La recurrencia a esta fórmula supone una gestión económica poco eficiente y abre las puertas a la arbitrariedad.
De un estudio realizado teniendo en cuenta los últimos tres años de la contratación del Ayuntamiento, Podemos Llanes concluye que se está produciendo un abuso en la utilización de la fórmula del contrato menor.
Toda buena práctica en materia de contratación pública debe tener entre sus objetivos la erradicación o disminución del excesivo uso de los contratos menores, reduciéndolos sólo a contratos de mínima cuantía y/o imprevisibles. Ello es así porque al apartarse de los principios que rigen la contratación pública (libre concurrencia, transparencia y publicidad), están expuestos a prácticas corruptas y arbitrarias, generadoras de clientelismo político. Además, al ser adjudicados a dedo y sin que puedan participar más empresas que las que invitan los responsables, resultan ineficientes y conllevan un derroche en el gasto, ya que se anula la concurrencia competitiva que permite a la Administración local optar por las ofertas más ventajosas.
En el caso de #Llanes nos encontramos, en primer lugar, con una planificación muy deficiente. El Plan Anual de Contratación resulta raquítico, sin que figuren en él la mayor parte de los contratos que se llevan a cabo durante cada ejercicio anual o plurianual. Existen un buen número de contratos de obra como pavimentación de caminos, construcción de cunetas, renovaciones de pavimentos, escolleras, redes de saneamiento, construcción de áreas recreativas y parques infantiles, que son perfectamente panificables y que podrían haberse agrupado y tramitado por el procedimiento abierto y por lotes, sin embargo, se optó por adjudicarlos por medio de contratos menores.
También nos llama la atención la adjudicación mediante contratos menores de servicios y suministros que son recurrentes y previsibles todos los años, cuando es bien sabido que este tipo de contratos nunca pueden ser menores ya que está prohibido su fraccionamiento.
De los datos publicados (importante señalar que no todos los contratos menores están publicados) hemos podido comprobar cómo una misma empresa resulta adjudicataria de hasta 19 contratos en tres ejercicios, por un montante global de 306.000 €, mientras que otra figura en 13 adjudicaciones durante un año y medio por valor de 109.823 €, por citar tan solo dos ejemplos. En ambos casos cuentan, incluso, con más de una adjudicación en el mismo día, incurriendo en las deficiencias descritas anteriormente. Estamos asistiendo, por tanto, a la concentración de contratos en algunas empresas claramente favorecidas en la adjudicación y seguramente en detrimento de los intereses municipales.
Para el portavoz de Podemos Llanes, Diego Ruiz de la Peña Ruiz “estamos ante una práctica preocupante, no solo por ser ineficiente económicamente sino por la arbitrariedad de recurrir a un sistema que se aleja de los principios generales de la contratación pública: publicidad, transparencia y libre concurrencia. El Gobierno municipal no puede presumir de transparencia mientras está obrando de esta manera en el Ayuntamiento”.
👉 Propuesta para corregir esta forma de actuar proponemos las siguientes medidas:
- Plan anual de contrataciones riguroso que recoja toda la contratación previsible, siguiendo los pasos que ya han iniciado un buen número de ayuntamientos en el Estado.
- Aprobación de un Reglamento regulador de la contratación menor o, en su defecto, aprobación de Instrucción Interna donde, entre otras cuestiones, se limite el uso de los contratos menores a aquellos que fueran imprevisibles, o a los que se abonen mediante anticipos de caja fija por cuantías menores de 5.000€, tal como recoge la Ley.
- Uso predominante del procedimiento abierto en cualquiera de sus modalidades y apuesta por la adjudicación mediante lotes para favorecer la participación de las pequeñas y medianas empresas.
- En caso de uso del contrato menor y puesto que la Ley lo permite, publicitarlos en el perfil del contratante, manteniendo abierto el plazo para presentar proposiciones por las empresas que pudieran estar interesadas, tal y como se hace por parte de algunas administraciones, entre otras el propio gobierno asturiano que da un plazo de nueve días.
- Creación de la Comisión Informativa de vigilancia y observancia de la contratación pública, que tenga como objetivo la fiscalización de los contratos y su mejora en transparencia y eficiencia.
Escuchar la entrevista completa a continuación:
